Territorio, Biodiversidad, Desarrollo, Reconciliación, y Paz en Colombia

art by Shar Tuiasoa (Hawai’i, USA)

(English version of article coming soon)

Libardo Suárez Fonseca, Natalia Galvis, Antonio Martínez N., Héctor Velásquez, Rosa Ladino, Pilar Lemus E, Juan Carlos Troncoso, Gisela Paredes-Leguizamón, Víctor Setina, Natalia Jiménez y el Colectivo de Guardaparques (Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Producto del proceso de recuperación de la memoria histórica de
los últimos 60 años desde la experiencia y vivencia cotidiana de conservación de la biodiversidad en Colombia, y elaboración del informe presentado al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y NoRepetición, el Colectivo de Guardaparques identifica los efectos del conflicto armado interno, y la necesidad del reconocimiento del daño sobre la naturaleza, el territorio, las áreas protegidas y los defensores del ambiente, proponen unas recomendaciones para replantear políticas públicas y sectoriales como una oportunidad para la construcción de la paz ambiental, el logro del desarrollo territorial incluyente fundamentado en los derechos humanos y de la naturaleza.

Context

La persistencia del conflicto armado interno en Colombia es un resultado de la implementación de políticas públicas basadas en un modelo de desarrollo que no ha logrado resolver los problemas estructurales del país. La corrupción, la contradicción entre políticas del Estado y de desarrollo sectoriales, la implementación de modelos de seguridad nacionales basados en el uso de la fuerza para combatir las economías ilegales; causan daño irreparable a los territorios y también son las principales fuentes de financiación de la guerra.

Áreas y territorios protegidos y los defensores del ambiente, ubicados en lo más profundo de la ruralidad, afrontan conflictos socioambientales, que el modelo de desarrollo no logra resolver y que se acrecientan con la presencia del conflicto armado. Estos territorios socioecológicos son invisibles, lejanos a los intereses estratégicos que tienen los centros de poder que privilegian intereses particulares.

Los colectivos y sus territorios son las víctimas: el conflicto armado convierte los recursos naturales en botín para el financiamiento de la guerra, intimidación y el terror. También son usados para controlar la población y corredores de movilidad. Un acuerdo de paz exige la formulación de políticas públicas que viabilicen la conservación y reparación de los daños ambientales y psicosociales ocasionados al territorio y a los defensores del ambiente.

Resolver problemas estructurales como la tenencia de la tierra, marginalidad y pobreza rural, ausencia del Estado, y proponer modelos de desarrollo sostenibles, debe iluminar siempre la búsqueda de la paz ambiental.

Lo que ya se ha hecho

La gestión de las áreas protegidas ha facilitado el diseño e implementación de metodologías y procesos sociales e interinstitucionales que concretan la planeación participativa, pertinente y contextualizada a las características ecológicas, culturales, sociales, y territoriales. Estos procesos identifican problemáticas y proponen alternativas de solución, buscando conservar el patrimonio natural, cultural, y mejorar las condiciones de vida de poblaciones locales.

También son estrategias que han permitido contribuir en el reconocimiento de derechos étnicos territoriales. Parques Nacionales y autoridades indígenas formulan Regímenes Especiales de Manejo para áreas traslapadas y acuerdos de uso con comunidades locales.

 Varios principios importantes, que se enumeran a continuación, deben articularse a varios sectores estratégicos de la economía (incluido infraestructura y minero energético). Esto debe hacerse de manera oportuna, y debe demostrarse que es parte integral del cumplimiento de los principios constitucionales y ambientales que rigen en Colombia. Los principios son los siguientes:

●      La conservación de la naturaleza debe ser reconocida como derecho fundamental para la conservación de la vida en todas sus formas. 

●      Las políticas públicas deben armonizarse con las condiciones especiales de las áreas protegidas, especialmente aquellas que buscan: frenar la deforestación y combatir los cultivos de uso ilícitos, la minería ilegal, y la extracción de recursos naturales. 

●      Deben incluirse en los programas de educación la protección de patrimonio y valores culturales y la promoción de conductas de cuidado de la naturaleza para el logro del desarrollo pertinente. 

●      Los guardaparques, defensores del ambiente y las áreas protegidas deben ser reconocidos como víctimas y sujetos de reparación en el marco de la justicia transicional.

Mirando adelante

La sociedad contemporánea se enfrenta hoy con un desafío global: la sobrevivencia de la especie humana. [MOU2] Es impostergable formular y gestionar políticas públicas, que faciliten la solución de los conflictos socioambientales, que impiden lograr la reconciliación y avanzar hacia la consolidación de la paz. Para tal fin es fundamental:

i) Lenguaje incluyente: No ver la naturaleza y las áreas protegidas como fuentes inagotables de recursos y a los defensores del ambiente como enemigos del desarrollo; a cambio, reconocer que la naturaleza es un elemento central para la conservación de la vida en todas sus formas.

ii) Un salto cuántico en el paradigma de desarrollo: Pasar de economías extractivas a modelos alternativos de desarrollo que posibiliten conservar el patrimonio natural y cultural, midiendo la competitividad no solo en términos de ganancias económicas de corto plazo sino en la conservación a perpetuidad de los ecosistemas y sus servicios, ampliación de la protección y valoración de la cultura.  

iv) El fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y de los Sistemas de Parques Nacionales: Los gobiernos además de reconocer, deben fortalecer la inclusión de los Parques Nacionales y otras áreas protegidas, como asunto de interés nacional en las políticas de desarrollo, ordenamiento territorial y sectorial, destinando el presupuesto necesario para el cumplimiento de su misión.

v) Una reforma rural integral:  Cumplimiento del derecho de las comunidades rurales al acceso y a la formalización de la propiedad de la tierra y dotación de servicios públicos e infraestructura.

vi) El reconocimiento de los derechos: Reconocimiento de derechos y por tanto sujetos de protección, reparación y restauración: A la naturaleza, el territorio, las áreas protegidas y los guardaparques.El Estado debe reconocer y dignificar la labor de los guardaparques ante la sociedad colombiana y el mundo. Esto significa establecer un régimen laboral diferenciado para los GuardaParques, y en el marco de la memoria histórica, establecer una réplica en cada sede de las áreas protegidas, que evidencie el daño ocasionado a los guardaparques, los defensores de la naturaleza, y al territorio.